Textos e Informes Oficiales
|
|
Paraguay es uno de los mayores centros de lavado de dinero que involucra a los sectores financieros bancarios y no bancarios. El comercio de contrabando valuado en miles de millones de dólares que acontece en las fronteras compartidas con Argentina y Brasil, en el área de la triple frontera, facilita gran parte del lavado de dinero en Paraguay. Paraguay es uno de los mayores países para el tránsito de estupefacientes. El Gobierno del Paraguay sospecha que los réditos provenientes del tráfico de estupefacientes a menudo se lavan, pero es difícil determinar el porcentaje de la cantidad total de fondos lavados generados por la venta de estupefacientes. Los lavadores de dinero y terroristas financieros sacan ventaja del sistema financiero del Paraguay a causa de los débiles controles en el sector financiero, de las fronteras abiertas y de las actividades mínimas para velar por el cumplimiento de la ley. Ciudad del Este (CDE), situada en la frontera con el Brasil y Argentina, representa el corazón de la economía informal del Paraguay. El área es bien conocida por el tráfico de armas y estupefacientes y por las violaciones de los derechos de propiedad intelectual. Los réditos ilegales provenientes de estos delitos constituyen una fuente adicional de fondos lavados. Una gran variedad de productos falsificados, incluidos cigarrillos, CDs, DVDs, programas de computación y juegos, se importan de Asia y se transportan a Brasil través de la frontera, quedando en el Paraguay una cantidad más pequeña para la venta en la economía local. Algunos funcionarios de gobierno de alto nivel, incluso miembros del Congreso, fueron acusados por su participación en contrabando o mercaderías pirateadas. A la fecha, hubo pocas investigaciones criminales, mucho menos procesamientos de funcionarios de gobierno de alto nivel, involucrados en contrabando o mercaderías pirateadas. El Paraguay es particularmente vulnerable al lavado de dinero dado que se requiere escasa información de antecedentes personales para abrir una cuenta de banco o para realizar transacciones financieras. Paraguay es un centro financiero atractivo para países vecinos, particularmente para el Brasil. Los bancos extranjeros pueden registrarse en Paraguay y los extranjeros no residentes pueden abrir cuentas bancarias, pero las regulaciones actuales prohíben que los bancos publiciten o busquen depósitos fuera del país. La banca en paraísos fiscales es ilegal en Paraguay. Aunque existen casinos, no existen casinos de paraísos fiscales y el juego por medio de Internet es marginal, debido principalmente a la limitada conexión a Internet en todo el país. Las compañías de sociedades ficticias y los fondos fiduciarios son legales, pero raramente se usan y no son comunes en el sistema financiero. En la actualidad, el sector financiero parece carecer de la profundidad y sofisticación para usar estas estructuras. El sector financiero no bancario opera en un ambiente regulador débil con supervisión limitada. Las cooperativas de crédito o “cooperativas” son uno de los principales agentes no bancarios en la economía, con un rápido crecimiento en la cantidad de socios y representan más del 20 por ciento de depósitos y el 33 por ciento de préstamos en el sistema financiero. La organización responsable de regular y supervisar las cooperativas, el Instituto Nacional de Cooperativas (INCOOP), es un cuerpo independiente que brinda pautas reguladoras y de supervisión pero que carece de la capacidad para obligar al cumplimiento. Las casas de cambio son un sector no bancario donde la conformidad con los requerimientos de aplicación de la ley es limitada. El 20 de diciembre de 2007, el Congreso paraguayo aprobó un nuevo código penal que incluye una mejorada legislación sobre lavado de dinero. En enero de 2008, el Presidente del Paraguay firmó la ley y la misma entró en vigor. Bajo el nuevo código penal, el lavado de dinero es un delito autónomo punible con pena de prisión de hasta cinco años. El nuevo código establece delitos subyacentes para el lavado de dinero, pero no requiere condena por tales delitos para presentar la imputación por lavado de dinero. La ley también permite al Estado acusar a funcionarios del sector financiero que por negligencia permitan que ocurra el lavado de dinero. Bajo la ley paraguaya, la implementación del nuevo código penal será postergada por un año para permitir la capacitación de jueces y fiscales. Se espera otro proyecto de ley que enmiende el Código Procesal Penal del Paraguay a principios de 2008 y también se espera una ley especial contra el terrorismo y su financiamiento como un proyecto de ley separado en 2008, después que en 2007 fallaran los esfuerzos para incluirlo en las reformas propuestas del Código Penal. Las enmiendas propuestas para el Código Procesal Penal moverían al Paraguay hacia un sistema más acusatorio. Las reformas permitirían que las investigaciones penales ocurran sin que se de previo aviso de la investigación al sujeto acusado o al abogado defensor, prolongarían el plazo razonable para la extinción de las causas y permitirían el interrogatorio y contrainterrogatorio a testigos. Sin embargo, hay otros desafíos que la legislación propuesta sobre lavado de dinero no abordará, incluidos los recursos limitados y la capacitación. El Paraguay agregó tres agentes fiscales a la Unidad de Delitos Económicos y Anti-Corrupción en 2007, lo que hace un número total de 11, pero los agentes fiscales todavía se enfrentan con restricciones de recursos que limitan su capacidad de investigar y procesar el lavado de dineros y los delitos financieros. En 2005, se emitieron nuevos criterios para la selección de jueces, fiscales y defensores públicos. No obstante, el proceso permanece como un proceso que se basa considerablemente en la política, el nepotismo y el tráfico de influencia, dando al partido en el poder la oportunidad de manipular el sistema judicial a su ventaja. Ahora que se ha promulgado la nueva ley anti lavado de dinero como parte del nuevo código penal, la capacitación de jueces y fiscales es clave para el éxito de los procesos penales futuros del Paraguay. No hay controles eficaces o leyes que regulen la cantidad de divisas que se puede ingresar al o salir del Paraguay. Los requerimientos de informes de actividades transfronterizas se limitan a los formularios emitidos por las aerolíneas en el momento de entrada al Paraguay. Las personas que transportan US$10.000 deben llenar un informe de aduanas para entrar o salir del Paraguay pero estos informes no se recogen ni controlan. Las operaciones de la aduana en los aeropuertos o en puertos de entrada terrestres no brindan control de movimientos transfronterizos de dinero en efectivo. Se usa al sector financiero no bancario (particularmente las casas de cambio) para mover réditos ilegales tanto dentro como de fuera del Paraguay hacia el sistema bancario de los Estados Unidos. El Paraguay ejerce un sistema monetario dual en el cuál las mercaderías de precio más alto se pagan en dólares americanos. Grandes sumas de divisas que se generan de actividades comerciales normales y de actividades comerciales sospechadas de ilícitas se transportan físicamente de Paraguay hacia Uruguay y de ahí a los centros bancarios de los Estados Unidos. El Gobierno del Paraguay está comenzando recién a reconocer y abordar el problema del transporte internacional de divisas e instrumentos monetarios derivados de fuentes ilegales. Las leyes del secreto bancario en Paraguay no impiden que los bancos e instituciones financieras develen información a los supervisores de bancos y a las entidades que velan por el cumplimiento de la ley. Los banqueros y otros están protegidos bajo por medio de la ley anti lavado de dinero con respecto a su cooperación con instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la ley. Los bancos, las compañías financieras, compañías de seguros, casas de cambio, la bolsa y corredores de valores, las compañías de inversión, las compañías fiduciarias, las compañías administradoras de fondos mutuos y de pensión, las cooperativas de crédito y de consumo, las entidades de juegos, los corredores de propiedades inmobiliarias, las organizaciones no gubernamentales, las casas de empeño y los comerciantes de piedras preciosas, metales, arte y antigüedades están obligados a conocer y registrar la identidad de sus clientes comprometidos en transacciones significativas de divisas. Estas entidades también deben informar las actividades sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (SEPRELAD) o Bienes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). El Superintendente de Bancos vela por el cumplimiento de estas obligaciones informativas de parte de los bancos, pero no existe dicha potestad para otras instituciones financieras. En noviembre de 2007, el MIC emitió nuevas regulaciones que definen los requerimientos informativos y las sanciones por el no cumplimiento de parte de la industria de los seguros y de las cooperativas de crédito. En años recientes, el Gobierno del Paraguay ha hecho significativos esfuerzos para fortalecer SEPRELAD, pero un débil liderazgo y una sospechosa actividad hizo que SEPRELAD vacilara en la primera mitad de 2007. Esta vacilación resultó en un cese en el intercambio de información y la partida de varios analistas. El Gobierno del Paraguay despidió al Director de SEPRELAD y en agosto del 2007 nombró a un nuevo director, el ex presidente del Banco Central del Paraguay, Gabriel González. SEPRELAD recibió más de 3.600 informes de actividades sospechosas (SARs) en 2007, pero su anterior director dejó un montón de casos atrasados de más de 3.000 SARs que no ingresaron al sistema. El Director González ha puesto al día el sistema ingresando todos los casos pendientes de SARs. Ha contratado a nuevos analistas que han sido investigados y están en etapa de capacitación. SEPRELAD ha redactado un proyecto de ley que todavía no está pendiente en el Congreso, que haría de SEPRELAD una secretaría independiente que informaría al Presidente en forma directa. SEPRELAD también está entorpecida por la falta de una eficaz cooperación interinstitucional, por la ausencia de mecanismos formales para compartir información sensitiva. El Director González está trabajando para crear mecanismos para compartir información dentro de las instituciones paraguayas encargadas de velar por el cumplimiento de la ley. SEPRELAD busca fortalecer su relación con otras unidades de inteligencia financiera y ha firmado convenios internacionales para intercambio de información con UIF regionales. Sin embargo, su relación con grupos anti lavado de dinero internacionales y regionales, incluido el Grupo Egmont y el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), es tenue. Como resultado de que el Gobierno del Paraguay falló en pagar una de sus cuotas de fecha de 2002 (que totalizaba aproximadamente US$76.000) GAFISUD sancionó al Paraguay en julio y lo suspendió como socio el 1º de diciembre. No obstante, el Gobierno del Paraguay hizo un pago parcial de sus cuotas después de la fecha límite de 1º de diciembre y GAFISUD aceptó reintegrarle su calidad de socio con la condición que el remanente de su atraso se salde para julio de 2008. Asimismo, aunque SEPRELAD ha sido miembro del Grupo Egmont desde 1998, podría ser suspendido de dicho grupo en mayo de 2008 si el Gobierno del Paraguay fallara en aprobar la legislación sobre financiamiento del terrorismo. El Paraguay ha tomado algunas medidas para enfrentar el comercio e intercambio comercial ilegal en la economía informal y para desarrollar estrategias para implementar una economía formal y diversificada. Los Índices de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional ubica al Paraguay con el número 138 de 180 países clasificados. El Gobierno del Paraguay ha firmado un convenio con la Corporación Desafío del Milenio por un Programa Umbral de US$34.9 millones para abordar los problemas de la corrupción como la impunidad y la informalidad; ambos problemas entorpecen los esfuerzos de velar por el cumplimiento de la ley y contribuyen al lavado de dinero. El Programa Umbral del Paraguay también apoya el continuado desarrollo del sector de la “maquila”, que comprende los negocios que se dedican a las exportaciones (tanto de bienes como de servicios) que gozan de ventajas impositivas especiales. La Unidad Técnica Especializada (UTE) del MIC, que trabaja en cercana coordinación con la Unidad Especializada de Propiedad Intelectual del Ministerio Público, incautó mercaderías pirateadas durante los primeros 10 meses de 2007 por valor de US$51.0 millones. La Especializada de Propiedad Intelectual del Ministerio Público inició procesamientos penales en 110 casos, pero la mayoría de los transgresores pagó una multa en vez de ir a la cárcel. En cooperación con la Agencia de Inmigración y Aplicación de la Ley Aduanera (ICE) del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, el Gobierno del Paraguay estableció una Unidad de Transparencia Aduanera (TTU) que examina las discrepancias en los datos comerciales que pudieran ser indicativos de fraude aduanero o impositivo, de comercio en base a lavado de dinero, o de financiamiento del terrorismo. ICE estima que US$20 millones dejaron diariamente Paraguay para los Estados Unidos en 2006, pero se informó entrando menos de US$1.0 millón. Bajo sus leyes actuales, el Gobierno del Paraguay tiene autoridad limitada para embargar o decomisar activos de lavadores de dinero sospechados. En la mayoría de los casos, los activos que el Gobierno del Paraguay puede embargar o decomisar están limitados a vehículos de transporte, tales como aviones y automóviles y normalmente no incluye cuentas bancarias. No obstante, las autoridades no pueden rematar estos activos hasta que el acusado sea condenado. En el mejor de los casos, el Gobierno del Paraguay puede establecer un “embargo preventivo” (que tiene el mismo efecto que el congelamiento) contra los activos de personas que están siendo investigadas por un delito en el cuál el Estado arriesga la pérdida de rentas públicas por el fomento de un delito penal, tal como la evasión fiscal. Sin embargo, en aquellos casos el límite del embargo se establece como la cantidad de carga fiscal del sospechoso con respecto al gobierno. En los últimos años pasados, a la institución de lucha contra las drogas SENAD, se le permitió, en forma temporal, usar los activos decomisados en casos pendientes, pero la SENAD no puede usar tales activos plenamente porque la ley no permite que los activos se mantengan o se reparen. Se espera que la nueva legislación sobre decomiso de activos haga mejoras en este aspecto. El Gobierno del Paraguay no tiene autoridad para congelar, embargar o decomisar activos relacionados con el financiamiento del terrorismo que no constituye un delito penal según la legislación del Paraguay. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores a menudo suministra los nombres de los sospechados terroristas que figuran en la lista 1267 del Comité de Sanciones de las Naciones Unidas, al Banco Central del Paraguay y a otras entidades gubernamentales. Hasta la fecha, el Gobierno del Paraguay no ha identificado, o decomisado ningún activo ligado a estos grupos o individuos. La actual ley tampoco brinda ninguna medida para desbaratar el mal manejo de fondos de entidades de caridad o entidades sin fines de lucro que pueden usarse como conductos para el financiamiento del terrorismo. El Gobierno del Paraguay ha sido lento en reconocer el financiamiento del terrorismo en sus fronteras. En diciembre de 2006, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a nueve individuos y a dos compañías que operaban en el área de la triple frontera como entidades que suministran apoyo financiero y logístico al Hizbollah. Todos los nueve individuos han brindado apoyo financiero y otros servicios para el Terrorista Mundial Especialmente Designado Assad Ahmad Barakat, quien fuera designado por el Departamento del Tesoro en junio de 2004 por su apoyo al liderazgo de Hizbollah. Dos compañías, Galería Page y Casa Hamze, están ubicadas en Ciudad del Este y se las usa para generar o mover fondos terroristas. El Gobierno del Paraguay públicamente no estuvo de acuerdo con las designaciones, manifestando que los Estados Unidos no había brindado nuevas informaciones que probaran que la actividad de financiamiento terrorista ocurre en el área de la triple frontera. A pesar de las limitaciones en procesar a los sospechados terroristas financieros tales como Assad Ahmad Barakat y Kassem Hijazi --a quienes se acusó de evasión impositiva antes que de financiamiento terrorista o lavado de dinero-- el Gobierno del Paraguay está haciendo progresos en su capacidad de investigar y procesar exitosamente algunos de los casos de lavado de dinero. Leoncio Mareco fue condenado a 20 años de cárcel por tráfico de estupefacientes y lavado de dinero, el 14 de agosto de 2007. Su esposa, Zulma Ríos Mareco, fue condenada a 10 años de cárcel por lavado de dinero. De acuerdo con los autoridades, el fiscal general tiene ocho casos activos. Estos casos refuerzan el hecho de que las condenas son posibles aunque difíciles bajo el actual marco legal. El Paraguay es parte de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes del año 1988, la Convención Internacional de las Naciones Unidas para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional. Paraguay participa en el Grupo de Trabajo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (OEA/CICAD) y es miembro del Grupo de Seguridad “3 + 1”, entre los Estados Unidos y los países del área de la triple frontera. El Paraguay es miembro de GASIFUD y la SEPRELAD es miembro del Grupo Egmont. El Gobierno del Paraguay tomó un número de medidas positivas en 2007 para combatir el lavado de dinero, particularmente con la promulgación del nuevo código penal y con las condenas por lavado de dinero. Sin embargo, debería continuar luchando en otras iniciativas a fin de incrementar su eficacia en combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Lo más importante es la promulgación de leyes que cumplan con las normas internacionales y permitan a las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la ley investigar y procesar de manera más eficaz los casos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El Gobierno del Paraguay debe tomar medidas para asegurar que las reformas del código penal y procesal penal sean aprobadas e implementadas, permitiendo un régimen más eficaz contra el lavado de dinero. El Paraguay carece de una ley antiterrorismo o una ley que penalice el financiamiento del terrorismo y el Gobierno del Paraguay debería tomar medidas, tan pronto como sea posible, para asegurar que dicha ley se vuelva a presentar y se adopte una legislación integral antiterrorismo y anti financiamiento del terrorismo. El Paraguay también debería continuar sus esfuerzos para combatir la corrupción y mejorar el intercambio de información entre las instituciones pertinentes. También debería tomar las medidas necesarias para que su Unidad de Transparencia Comercial se integre con empleados investigados de todas las instituciones relevantes, incluso de la SEPRELAD. También se necesitan reformas adicionales en la selección de jueces, fiscales y defensores públicos, así como también reformas en la Dirección Nacional de Aduanas a fin de permitir mayor cantidad de inspecciones e interdicciones en los puertos de entrada y para desarrollar estrategias que apunten al movimiento físico de efectivo. El Gobierno del Paraguay también debería asegurarse de que se paguen las cuotas de GASIFUD para prevenir la suspensión de su categoría de socio. Es esencial que la SEPRELAD continúe recibiendo el financiamiento y los recursos humanos necesarios para operar como una unidad de inteligencia capaz de combatir el lavado de dinero, el financiamiento terrorista y otros crímenes financieros. |