KANSAS CITY – Un gran jurado federal en el Distrito Oeste de Missouri emitió una acusación formal sobreviviente que acusa a la Agencia de Asistencia Islámica-Estadounidense [Islamic American Relief Agency (IARA)] y varios de sus ex directores de ocho cargos nuevos de realizar transacciones financieras prohibidas en beneficio del terrorista designado por EE.UU., Gulbuddin Hekmatyar. La acusación formal también acusa al ex congresista Mark Deli Siljander de lavado de dinero, conspiración y obstrucción de la justicia en el caso.
La acusación formal sobreviviente de 42 cargos emitida hoy fue anunciada por Kenneth L. Wainstein, Secretario de Justicia Auxiliar de Seguridad Nacional; John F. Wood, Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Missouri; Joseph Billy, Director Auxiliar de la División de Contraterrorismo del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)], y Monte C. Strait, Agente Especial a Cargo de la Oficina Local de la Kansas City del FBI.
"Esta acusación formal sobreviviente pinta un cuadro perturbador de una organización de caridad estadounidense que realizaba transacciones en beneficio de terroristas y conspiró con un ex congresista estadounidense para convertir fondos federales robados en pago por su intercesión por la organización", dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Wainstein.
"Una organización aquí, en el corazón de los Estados Unidos, supuestamente envió fondos a Paquistán en beneficio de un terrorista global especialmente designado con vínculos con al-Qaeda y el Talibán", dijo el Fiscal Federal Wood. "Al realizar este enjuiciamiento en el centro de los Estados Unidos, buscamos dificultarles a los terroristas actuar del otro lado del mundo. La acusación formal también alega que un ex congresista realizó lavado de dinero y obstruyó una investigación federal con la intención de disimular el uso indebido por IARA de fondos de contribuyentes que el gobierno proporcionó para fines humanitarios.
IARA, la organización de caridad islámica nombrada en la acusación formal de hoy, tenía su sede central en Columbia, Mo., y era conocida anteriormente como Agencia de Asistencia Afroislámica-USA. IARA fue fundada oficialmente en 1985 y cerrada en octubre de 2004, cuando fue identificada por el Departamento del Tesoro de EE.UU. como organización terrorista global especialmente designada. Mubarak Hamed, 51, de Columbia, Mo., un ciudadano estadounidense naturalizado proveniente de Sudán, era el director ejecutivo de IARA y es uno de los demandados en la acusación formal.
La acusación formal sobreviviente de hoy también acusa a Mark Deli Siljander, 57, un ex congresista de Michigan (1981-87), quien es propietario/director de Global Strategies, Inc., una empresa de planificación, marketing y relaciones públicas ubicada en el área de Washington, D.C.
Otros demandados nombrados en la acusación formal son Ali Mohamed Bagegni, 53, antiguamente de Columbia, Mo, un ciudadano estadounidense naturalizado nacido en Libia y ex miembro de la junta directiva de IARA; Ahmad Mustafa, 55, de Columbia, un ciudadano de Irak y ex recaudador de fondos de la IARA; Khalid Al-Sudanee, 56, un ciudadano y residente de Jordania, y director regional de la oficina de Medio Oriente de la Agencia de Asistencia Afroislámica [Islamic African Relief Agency], también conocida como Agencia de Asistencia Islámica [Islamic Relief Agency [ISRA]); y Abdel Azim El-Siddig, 51, de Palos Heights, Ill., un ciudadano estadounidense naturalizado nacido en Sudán y ex vicepresidente de operaciones internacionales de IARA.
El 6 de marzo de 2007, IARA, junto con cinco directores, empleados y asociados, fue acusada en una acusación formal de 33 cargos de transferir fondos ilegalmente a Irak en violación de sanciones federales. También fueron acusados de robar fondos del gobierno, hacer uso indebido de la situación de organización de caridad de IARA para recaudar fondos para fines ilegales, e intentar evitar que el gobierno detectara sus actividades al, entre otras cosas, negar falsamente en una entrevista televisada en todo el país que un agente de adquisición de Osama bin Laden había sido empleado de IARA: Dichos cargos están incluidos en la acusación formal sobreviviente emitida hoy.
Nuevos cargos asociados al terrorismo contra IARA
La acusación formal sobreviviente de hoy agrega a los cargos originales la alegación de que IARA y su ex director ejecutivo, Mubarak Hamed, realizaron transacciones financieras prohibidas en beneficio de un Terrorista Global Especialmente Designado, Gulbuddin Hekmatyar, un líder del muyahidín afgano y fundador de Hezb-e-Islami-Gulbuddin (HIG), quien participó en actos terroristas y brindó apoyo a actos terroristas llevados a cabo por al-Qaeda y el Talibán. Hekmatyar juró librar una guerra santa contra los Estados Unidos y tropas internacionales en Afganistán. El gobierno de EE.UU. designó a Hekmatyar un Terrorista Global Especialmente Designado el 19 de febrero de 2003, bloqueando toda propiedad e intereses en propiedad de Hekmatyar.
De acuerdo con los cargos treinta y cuatro a cuarenta y uno de la nueva acusación formal, IARA y Hamed, a sabiendas y deliberadamente, realizaron transacciones financieras en beneficio de la organización de Hekmatyar, al enviar aproximadamente 130,000 dólares en 2003 y 2004 en numerosas transacciones a cuentas bancarias de la Agencia de Asistencia Islámica (ISRA) en Peshawar, Paquistán, supuestamente para un orfanato ubicado en edificios que Hekmatyar poseía y controlaba.
"El envío de dinero para beneficiar a terroristas designados pone en peligro tanto a la seguridad nacional de EE.UU. como la seguridad de naciones de todo el mundo", dijo Joseph Billy, Jr., División de Contraterrorismo del FBI. "El FBI seguirá trabajando diligentemente con sus asociados en la comunidad de las fuerzas del orden público e inteligencia para atrapar a sospechosos de terrorismo y sus defensores, ya sea en los Estados Unidos o en el exterior".
Es importante observar que la acusación formal no acusa a ninguno de los demandados de apoyo material al terrorismo, ni alega que financiaron actos de terrorismo deliberadamente. En su lugar, la acusación formal alega que algunos de los demandados realizaron transacciones financieras que beneficiaron a propiedad controlada por un terrorista designado, en violación de la Ley Internacional de Emergencia de Poderes Económicos.
Nuevos cargos contra el ex congresista
La acusación formal sobreviviente de hoy también nombra a Mark Deli Siljander demandado por los cargos de lavado de dinero, conspiración y obstrucción de la justicia. De acuerdo con la acusación formal, Siljander fue contratado en marzo de 2004 por los demandados IARA, Hamed y Bagegni para que intercediera para que se retirara a IARA de la lista de organizaciones sin fines de lucro sospechosas de prestar apoyo al terrorismo internacional, perteneciente al Comité Financiero del Senado de EE.UU.
El Comité Financiero del Senado colocó a IARA en la lista de organizaciones de caridad y publicó la lista el 14 de enero de 2004. Siljander debía interceder para que se retirara a IARA de la lista y se la reincorporara como contratista gubernamental aprobado, a través de información recabada y reuniones realizadas con personas y dependencias del gobierno estadounidense.
Como remuneración por los servicios que Siljander acordó prestar, IARA transfirió alrededor de 50,000 dólares de fondos federales robados a cuentas controladas por Siljander en la Fundación de Herencia Nacional [National Heritage Foundation] y la Fundación Internacional [International Foundation]. De acuerdo con la acusación formal, los fondos utilizados para remunerar a Siljander por sus servicios había sido previamente robado de la Agencia Estadounidense para Desarrollo Internacional [U.S. Agency for International Development (USAID)] por IARA, Hamed y Bagegni. La Fundación Internacional y la Fundación de Herencia Nacional, la cual no está vinculada a la Fundación Herencia [Heritage Foundation], no están acusadas de ningún acto ilegal en este caso.
IARA, Hamed y Bagegni habían previamente realizado una serie de acuerdos con USAID para proyectos de asistencia en Mali, África. Cuando USAID rescindió dichos acuerdos en diciembre de 1999, la suma de dinero relacionada era de un total de aproximadamente 2 millones de dólares. Se alega que IARA había dejado de igualar plenamente los aportes, según exigencia para recibir fondos de USAID. Una vez rescindidos dichos acuerdos, alega la acusación formal que IARA, Hamed y Bagegni, sin autorización, retuvieron aproximadamente 84,922 dólares de dinero de USAID y no devolvieron dichos fondos a USAID, según disponían los acuerdos.
De acuerdo con el cargo veintiocho de la acusación formal, Siljander y los demandados IARA, Hamed, Bagegni y El-Siddig conspiraron para realizar lavado de dinero al transferir fondos robados de USAID, a sabiendas de que las transferencias habían sido diseñadas de modo a ocultar la naturaleza, fuente y propiedad del dinero. Los cargos veintinueve a treinta y uno de la acusación formal acusan a Siljander, junto con IARA, Hamed, Bagegni y El-Siddig de realizar lavado de dinero al transferir fondos robados de USAID, a sabiendas de que las transferencias habían sido diseñadas de modo a ocultar la naturaleza, fuente y propiedad del dinero.
Obstrucción de la justicia
El cargo treinta y dos de la acusación formal alega que Siljander obstruyó la debida administración de justicia en la investigación del gran jurado en el Distrito Oeste de Missouri, al realizar declaraciones falsas a agentes del FBI en diciembre de 2005 y a agentes de FBI y fiscales federales en abril de 2007.
De acuerdo con la acusación formal, Siljander dijo a autoridades federales que no había sido contratado para hacer ningún trabajo de cabildeo o representación para IARA y que el dinero o cheques que recibió de IARA eran "donaciones" benéficas para ayudarle a escribir un libro sobre cerrar la brecha entre Islam y el Cristianismo. Al realizar dichas declaraciones, sabía muy bien y creía que cada declaración era falsa, alega la acusación formal.
Se advierte al público que los cargos que contiene esta acusación formal son apenas acusaciones y no son prueba de culpabilidad. Se deben presentar pruebas de los cargos a un jurado federal, cuyo deber es determinar culpabilidad o inocencia. Se supone que los demandados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad.
El caso fue investigado por el Buró Federal de Investigaciones, Investigación Penal de Servicios de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)], Servicios de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. del Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina del Inspector General de U.S. AID.
Están a cargo de la acusación en el caso el Fiscal Federal Auxiliar Anthony P. González de la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Missouri, en conjunto con los Abogados Litigantes Corey J. Smith, División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia de EE.UU., y Steven M. Mohlhenrich, División de Impuestos del Departamento de Justicia de EE.UU.
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