Reseña de la Organización de los Estados Americanos

Propósitos: Consolidar la paz y la seguridad en el Hemisferio; promover la democracia representativa; velar por la resolución pacífica de controversias entre los miembros; coordinar una acción común en caso de agresión; y promover el desarrollo económico, social y cultural.

Miembros: Son 35, a saber, Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba*, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela.

*Cuba sigue siendo miembro, aunque su gobierno actual fue excluido de la participación desde 1962 por incompatibilidad con los principios de la Carta de la OEA.

Observadores permanentes: Son 54, a saber, Alemania, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Armenia, Austria, Azerbaiján, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Corea, Croacia, República Checa, Chipre, República de Dinamarca, Egipto, Eslovaquia, España, Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Ghana, Grecia, Guinea Ecuatorial, Hungría, India, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Kazajstán, Letonia, Líbano, Marruecos, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Polonia, Portugal, el Reino Unido, Rumania, Rusia, la Santa Sede, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Tailandia, Túnez, Turquía, Ucrania, Unión Europea y Yemen.

Idiomas oficiales: inglés, español, francés y portugués.

Principales cuerpos directivos: la Asamblea General; la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores; el Consejo Permanente; el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI); la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y la Secretaría General.

Organismos especializados: la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM); el Instituto Interamericano del Niño (IIN); el Instituto Indigenista Interamericano (III); el Instituto Panamericano de Geografia e Historia (IPGH); el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA); y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Otras entidades: la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD); la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD); el Centro de Estudios de Justicia de las Américas; el Comité Jurídico Interamericano (CJI); y el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE); la Junta Interamericana de Defensa (JID); el Colegio Interamericano de Defensa (CID); la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL); el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD).

Presupuesto (2001):Fondo ordinario (de operaciones), US$76 millones financiados principalmentepor lascuotas de todos los miembros. La contribución de los Estados Unidos asciende a 59% del total. Fondos voluntarios: US$8 millones, procedentes de contribuciones de todos los estados miembros (los Estados Unidos aportaron US$5 millones). Fondos especiales, US$52 millones, aportados por algunos estados miembros (los Estados Unidos aportaron US$25 millones), algunos observadores permanentes, instituciones financieras internacionales y organismos de desarrollo.

HISTORIA
La Organización de los Estados Americanos, el organismo internacional regional más antiguo del mundo, tuvo su origen en el Congreso de Panamá, convocado por Simón Bolívar en 1826, al que asistieron representantes de América Central y del Sur. En ese Congreso se redactó el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua, que fue firmado por los delegados, pero ratificado solamente por la Gran Colombia (formada por los países que hoy en día son Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela).

Los países del Hemisferio continuaron el debate acerca de un sistema interamericano durante el resto del siglo XIX. La primera medida concreta se tomó en 1889, cuando se convocó la Primera Conferencia Internacional de los Estados Americanos, en Washington, DC. El 14 de abril de 1890, los delegados crearon la Unión Internacional de Repúblicas Americanas para la pronta recopilación y distribución de información comercial. Además, establecieron la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas en Washington como la Secretaría de la Unión, con la participación de 18 naciones del Hemisferio Occidental, entre ellas los Estados Unidos. En 1910, la Oficina Comercial pasó a ser la Unión Panamericana y el filántropo estadounidense Andrew Carnegie donó $5 millones para construir una sede permanente en Washington, DC, que hoy en día es el edificio de la OEA.

La experiencia de la Segunda Guerra Mundial convenció a los gobiernos hemisféricos de que la acción unilateral no podía asegurar la integridad territorial de las naciones americanas en el caso de una agresión extracontinental. Para superar los retos que plantearía un conflicto mundial en el mundo de la posguerra y para controlar los conflictos dentro del Hemisferio, los gobiernos adoptaron un sistema de seguridad colectiva, que fue el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tratado de Río) firmado en 1947 en Río de Janeiro.

La Carta de la OEA se aprobó en la Novena Conferencia Internacional de los Estados Americanos en Bogotá, Colombia, en 1948. En ella se reafirmaban los derechos y obligaciones fundamentales de los estados, se proclamaban las metas de la nueva organización y se creaban sus cuerpos directivos y sus organismos. En esa conferencia se aprobó además el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá) y la Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones del Hombre. La Carta de la OEA estipula que la organización es un organismo regional dentro del sistema de las Naciones Unidas.

La inquietud ante la lentitud del desarrollo económico hizo que, en 1959, los Estados Unidos y otros 19 estados miembros de la OEA crearan el Banco Interamericano de Desarrollo. Esta decisión reflejaba la preocupación de que el Banco Mundial, que incluía a los países de América Latina en su lista de prestatarios idóneos, se inclinara más hacia los préstamos para infraestructura y no estuviera lo suficientemente sensibilizado con respecto a la necesidad de crédito "social" y de ayuda para la industria y el sector agrícola. En 1960, la OEA adoptó el Acta de Bogotá, que planteaba un compromiso de todo el Hemisferio para lograr el desarrollo socioeconómico. De aquí surgieron las condiciones para que la OEA apoyara la Alianza para el Progreso.

La Carta de la OEA, promulgada en 1948, se ha enmendado cuatro veces, a saber,

• por el Protocolo de Buenos Aires, de 1967, que entró en vigor en febrero de 1970;
• por el Protocolo de Cartagena,de 1985, que entró en vigor en noviembre de 1988;
• por el Protocolo de Managua, de 1993, que entró en vigor en marzo de 1996; y
• por el Protocolo de Washington, de 1992, que entró en vigor en septiembre de 1997.

El Protocolo de Buenos Aires creó la Asamblea General que se celebra anualmente y otorgó el mismo estado al Consejo Permanente; al Consejo Económico y Social; y al Consejo para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Las enmiendas de Cartagena consolidaron la función del Secretario General; aportaron los procedimientos para la solución pacífica de controversias; eliminaron los obstáculos relacionados con controversias sobre las fronteras para el ingreso de Belice y Guyana; y preconizaron el fortalecimiento del desarrollo socioeconómico mediante la aplicación de medidas para aumentar el comercio, mejorar la cooperación financiera internacional, diversificar las exportaciones y promover las oportunidades de exportación.

El Protocolo de Managua creó el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) para reemplazar al Consejo Económico y Social y al Consejo para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Los objetivos fundamentales del CIDI son los siguientes: servir de foro para los debates técnicos de políticas sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo; ser un catalizador y promotor de las actividades de desarrollo en respuesta a los mandatos de las Cumbres de las Américas y consolidar una alianza hemisférica entre los países de la OEA para promover la cooperación para el desarrollo y ayudar a eliminar la pobreza extrema en el Hemisferio.

La ratificación del Protocolo de Washington hizo de la OEA la primera organización política regional que permitía la suspensión de un miembro cuyo gobierno constituido democráticamente hubiese sido derrocado por la fuerza. Este protocolo también modificaba la Carta para incluir la erradicación de la pobreza extrema como uno de los propósitos fundamentales de la Organización.

Los objetivos básicos de la OEA, según se establecen en su carta,

• son consolidar la paz y la seguridad;
• promover el ejercicio eficaz de la democracia representativa;
• velar por la resolución pacífica de controversias entre los miembros;
• coordinar las acciones comunes en el caso de una agresión;
• buscar soluciones a los problemas políticos, jurídicos y económicos que pudieran surgir;
• promover, mediante la acción cooperativa, el desarrollo económico, social, educativo, científico y cultural;
• y limitar las armas convencionales de tal forma que se dediquen mayores recursos al desarrollo económico y social.

La OEA ayuda a preservar la democracia mediante la movilización del Hemisferio en caso de amenazas a un gobierno democrático. Actuó, de conformidad con el mandato de la Resolución 1080 (1991) de la Asamblea General, para apoyar la democracia en Haití, Perú, Guatemala y Paraguay. También presta ayuda para el desarrollo y otro tipo de ayuda destinada a fortalecer las instituciones democráticas, envía observadores a las elecciones, promueve el respeto a los derechos humanos, aumenta el comercio, lucha contra las drogas y protege el medio ambiente.

El 11 de septiembre de 2001, la OEA adoptó la Carta Democrática Interamericana, destinada a fortalecer y a preservar la democracia representativa en el Hemisferio; en dicha Carta se estipulan las medidas que deben tomarse en caso de una interrupción inconstitucional del orden democrático o de la alteración inconstitucional del régimen constitucional que perjudique gravemente el orden democrático en un estado miembro. En abril de 2002, la OEA tomó medidas de conformidad con la Carta Democrática Interamericana para apoyar la democracia en Venezuela.

La OEA fue el primer organismo internacional en condenar los ataques perpetrados contra los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. En 2001-2002, como respuesta hemisférica al terrorismo, los miembros de la OEA lograron el consenso sobre la Convención Interamericana contra el Terrorismo, que se abrió para la firma en la Asamblea General de la OEA, celebrada en junio de 2002.

En años recientes, los estados miembros de la OEA han negociado con éxito importantes acuerdos internacionales para reducir el tráfico de armas en el Hemisferio, velar por la transparencia en la adquisición de armas convencionales, luchar contra la corrupción, combatir el tráfico de drogas y el lavado de dinero, y definir normas justas de telecomunicaciones. Los aportes de la OEA en los ámbitos del derecho internacional, la cooperación jurídica y la facilitación del comercio regional han sido considerables y han sentado las bases para que se acaten eficazmente los numerosos tratados regionales firmados desde 1889. La información sobre tratados y otras cuestiones legales interamericanas pueden obtenerse en la Secretaría de Asuntos Legales de la OEA, en la página de la OEA en Internet, http://www.iica.int

La OEA ha llevado a la práctica partes importantes de los Planes de Acción para las Cumbres de las Américas realizadas en Miami (1994), Santiago, Chile (1998) y la ciudad de Quebec, Canadá (2001). La elaboración del proyecto y la firma de la Carta Democrática Interamericana representan el primer mandato de la Cumbre de la ciudad de Quebec que se lleva a la práctica. La Cumbre de Santiago asignó a la Secretaría de la OEA la responsbilidad de mantener los registros y de preservar la memoria institucional del proceso de las Cumbres. La Secretaría de la OEA mantiene una página en la web para las actividades de las Cumbres en http://www.summit-americas.org

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS CON RESPECTO A LA OEA
Los Estados Unidos se han comprometido a fortalecer a la OEA y a trabajar con ella. Esto refleja la determinación del Gobierno de los Estados Unidos de aprovechar al máximo la diplomacia multilateral para resolver problemas regionales y para fomentar la participación de sus vecinos en los temas de interés para el Hemisferio. Como dijo el Presidente George W. Bush en un discurso pronunciado en la OEA el 17 de abril de 2001:

"La OEA tiene un papel importante que desempeñar en estas metas comunes. En tierras donde la libertad se ve amenazada por la corrupción, las drogas y las violaciones de los derechos humanos, la OEA ayuda a combatir esas fuerzas destructivas. A lo largo de fronteras donde las tensiones son elevadas, la OEA ayuda a crear confianza y evitar crisis. Y en tierras donde el dominio de la libertad es frágil, la OEA está allí para fortalecerlo".

La OEA es el principal foro multilateral para abordar los asuntos políticos en el Hemisferio Occidental. La participación en la Organización permite a los Estados Unidos obtener apoyo internacional para los objetivos fundamentales de sus políticas. Además de su labor para fortalecer y promover la democracia y el respeto de los derechos humanos, la OEA presta su valioso apoyo a dos cuestiones muy importantes, a saber, el comercio y la lucha contra el narcotráfico. La OEA ha reorientado sus esfuerzos comerciales para promover el libre comercio y la integración económica. Su Unidad Comercial y el Sistema de Información sobre Comercio Exterior (SICE) prestan su valioso apoyo técnico a los grupos de trabajo que se ocupan de la creación de una zona de libre comercio hemisférica, con la cual se comprometieron los gobiernos de la OEA en las Cumbres de las Américas.

En 1996, la OEA formuló una estrategia contra estupefacientes que guiará las acciones conjuntas en el siglo XXI; en 1999 creó un mecanismo de evaluación mutilateral (MEM), de acuerdo con el mandato de la Cumbre de las Américas celebrada en Santiago. De conformidad con el MEM, los expertos evalúan los informes presentados por los países en los que documentan las iniciativas para combatir el consumo y el tráfico de drogas; el primer examen se hizo en 2000, y ya los expertos iniciaron el segundo ciclo de evaluación para medir el nivel de cumplimiento de cada miembro con las recomendaciones anteriores.

La OEA también elaboró una legislación modelo, aclamada internacionalmente, acerca de los precursores químicos y el control del lavado de dinero. En 1999, la OEA adoptó la Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales que marcó un hito en estas cuestiones. En 1997, redactó y aprobó la primera convención mundial para reglamentar el comercio internacional de armas de fuego y evitar que lleguen a manos criminales.

La OEA ha reformado exitosamente sus operaciones para ser más eficaz, mediante considerables reducciones de personal, realineamiento de los niveles de los cargos y reestructuración de la Secretaría para atender las nuevas prioridades del Hemisferio. La OEA ha reducido su plantilla en 20% desde 1995 y ha mantenido un presupuesto de crecimiento cero por 7 años consecutivos. A pesar de estas limitaciones, ha aumentado los programas que apoyan intereses prioritarios del Hemisferio, como la democracia, los derechos humanos, el comercio y el medio ambiente con la reducción o la eliminación de programas de menor prioridad. Se han previsto otras reformas en los campos de personal, evaluación, prioridades presupuestarias, administración financiera y servicios de conferencias.

FUNCIONARIOS DE LA OEA Y DE LOS ESTADOS UNIDOS
Secretario General: César Gaviria Trujillo (Colombia), elegido para un segundo mandato de 5 años en 1999.
Secretario General Adjunto: Luigi R. Einaudi (Estados Unidos), elegido para un mandato de 5 años en 2000.
Dirección: Organización de los Estados Americanos
17th Street and Constitution Ave. NW
Washington DC 20006
Tel.: 202-458-3000
Internet: http://www.oas.org

Representante Permanente de los Estados Unidos ante la OEA: Embajador Roger Francisco Noriega, juramentado el 6 de agosto de 2001.
Dirección: Misión Permanente de los Estados Unidos ante la OEA
WHA/USOAS, Rm. 5914-6494
Departamento de Estado de los Estados Unidos
Washington, DC 20520
Tel.: 202-647-9376

FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
Los principales intereses de la OEA son la promoción de la paz y la democracia. La Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD) está totalmente dedicada a crear, fortalecer y preservar la democracia. Las enmiendas a la Carta, la nueva Carta Democrática Interamericana y la Resolución 1080 también permiten que la OEA ayude a preservar la democracia mediante la movilización del Hemisferio en caso de amenazas al gobierno democrático en un estado miembro.

En 1991, la Asamblea General de la OEA creó un mecanismo automático sin precedentes, conocido como la Resolución 1080, para desalentar acciones ilegales contra gobiernos elegidos democráticamente. En esta resolución se solicita al Secretario General que convoque al Consejo Permanente y luego a los ministros de relaciones exteriores del Hemisferio dentro de los diez días siguientes a un golpe de estado o a cualquier otra interrupción de un gobierno legítimo, elegido por los ciudadanos. La Resolución 1080 se ha utilizado cuatro veces, a saber, después del golpe de Estado en Haití en 1991, los autogolpes en Perú en 1992 y Guatemala en 1993, y la amenaza al Gobierno del Paraguay, en 1996.

Todos los esfuerzos de la OEA para mantener, apoyar, fortalecer y defender la democracia en el Hemisferio Occidental se fundamentan en la Carta Democrática Interamericana. La Carta Democrática Interamericana define los elementos esenciales de la democracia representativa en términos muy concretos, entre otros, respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales; realización de elecciones libres y justas; un sistema pluralista de organizaciones y partidos políticos; separación de los poderes; independencia de las ramas del gobierno; libertad de expresión y de prensa; y subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida.

En el caso de que uno de los miembros de la OEA deje de regirse por los elementos esenciales de la vida democrática, el documento permite a cualquier estado miembro o al Secretario General iniciar una respuesta por parte de la OEA, que establece la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para considerar los hechos, desplegar esfuerzos diplomáticos o utilizar otro tipo de mediación política. Si hay una interrupción evidente del orden democrático o si no se encuentra salida a una situación no democrática, el documento estipula la celebración de una Asamblea General, que podrá, entre otras cosas, suspender la participación en el Sistema Interamericano del gobierno que esté en falta, para lo cual se necesita el voto de las dos terceras partes de los estados miembros.

La primera aplicación formal de la Carta Democrática de la OEA ocurrió en abril de 2002, cuando el Secretario General, César Gaviria, invocó el Artículo 20 de la Carta para convocar al Consejo Permanente y pedirle que realizara una evaluación colectiva de la situación en Venezuela. El Consejo Permanente condenó la alteración del orden constitucional y convocó a una Sesión Extraordinaria de la Asamblea General, de acuerdo con la Carta Democrática, el 18 de abril de 2002.

En esa reunión, los ministros de relaciones exteriores de los estados miembros de la OEA aprobaron una resolución basada en las disposiciones de la Carta Democrática, con el propósito de reforzar las instituciones democráticas de Venezuela. Allí se exhortaba al Gobierno de Venezuela a respetar los elementos esenciales de la democracia representativa y el estado de derecho y, al mismo tiempo, a redoblar sus esfuerzos para lograr el diálogo nacional y la reconciliación del país. La resolución procura dirigir la atención regional al estado de las instituciones y los procedimientos democráticos en Venezuela, mientras que promete continuo apoyo y atención de la OEA.

En años recientes, la existencia de la Resolución 1080 y del Protocolo de Washington (que permite la suspensión de un estado miembro cuyo gobierno elegido democráticamente sea derrocado por la fuerza) ha permitido a la OEA ejercer presión de todo el Hemisferio para intervenir en situaciones de amenaza para los gobiernos democráticos, en las que la OEA ha instado con éxito a la búsqueda de soluciones constitucionales en varias circunstancias problemáticas.

La OEA intervino rápidamente cuando hubo indicios de posibles golpes de estado u otras amenazas a la democracia en varios países latinoamericanos, con el envío del Secretario General Gaviria al país en cuestión y la aprobación de resoluciones categóricas en el Consejo Permanente. La nueva Carta Democrática Interamericana suministra a la OEA un conjunto de instrumentos para tomar medidas preventivas y curativas que podrá utilizar para reforzar las instituciones democráticas en todo el Hemisferio.

En el Perú, el anuncio del Presidente Fujimori, el 5 de abril de 1992, de la aplicación de medidas extraconstitucionales hizo que se aplicara por segunda vez la Resolución 1080. El Consejo permanente de la OEA solicitó el restablecimiento inmediato de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos de acuerdo con el estado de derecho. Los cancilleres del Hemisferio se reunieron el 13 de abril, exhortaron al restablecimiento del orden institucional democrático en el Perú y pidieron al Secretario General que encabezara una pequeña misión de cancilleres al Perú para iniciar un diálogo entre el gobierno y otras fuerzas políticas.

En mayo de 1992, el Presidente Fujimori asistió a la reunión de cancilleres convocada por la OEA para tratar el tema del Perú, que tuvo lugar en las Bahamas. Allí, el Presidente Fujimori acordó que convocaría a elecciones para crear una asamblea constituyente que tendría poderes legislativos y redactaría el proyecto para una nueva constitución. La OEA envió a más de 200 observadores para vigilar esas elecciones realizadas el 22 de noviembre de 1992; también designó a un grupo más pequeño para asistir a las elecciones municipales el día 29 de enero de 1993. Los cancilleres de la OEA clausuraron su reunión sobre el Perú en diciembre de 1992, luego de haber acordado que la OEA seguiría prestando ayuda para modernizar los procedimientos electorales en ese país.

Luego de las elecciones fraudulentas de abril de 2000 en el Perú, la Asamblea General de la OEA tomó medidas en respuesta a la crisis política en ese país.

El jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, Eduardo Stein informó que las elecciones no se habían realizado de acuerdo con las normas internacionales. En junio, los cancilleres de la OEA concluyeron expresando su preocupación de que "la credibilidad del proceso y del resultado de estas elecciones continúa siendo menoscabada por persistentes informes de irregularidades" y acordaron que el Secretario General, César Gaviria, y el Ministro de Relaciones Exteriores del Canadá, Lloyd Axworthy, viajaran al Perú para entablar un diálogo sobre la reforma de las instituciones democráticas del país.

La misión de la OEA se reunió con funcionarios del gobierno, miembros de la oposición y representantes de la sociedad civil a finales de junio y formuló 29 recomendaciones destinadas a trazar un plan para la reforma nacional y el restablecimiento de procedimientos electorales justos, del sistema judicial y de la prensa libre.

Inicialmente, el Presidente Fujimori aceptó celebrar nuevas elecciones pero luego renunció. El impulso creado por el diálogo de la OEA ayudó a encontrar una salida para convocar a nuevas elecciones y para el retorno a la democracia. En abril y junio de 2001 se celebraron elecciones libres y justas, y la OEA aportó experiencia y conocimientos técnicos a las autoridades electorales nacionales, además de enviar grupos de observación para vigilar las elecciones.

La OEA es una de las principales organizaciones del Hemisferio que se ocupa de la observación de elecciones. Por ser representantes de una organización multilateral, los observadores de la OEA suelen establecer nexos más cercanos con las instituciones electorales y políticas y tener mayor acceso a ellas que otros grupos de observadores. Por otra parte, la OEA cuenta con la capacidad institucional para organizar misiones electorales más grandes y mantener a los observadores sobre el terreno por más tiempo que otras organizaciones.

Las elecciones de 1990 en Nicaragua fueron las primeras observadas por la OEA de manera sistemática. La vigilancia que hizo la OEA de esas elecciones ayudó a que aumentara la confianza en el proceso y alentó a todas las partes interesadas a aceptar los resultados definitivos. Aunque anteriormente la OEA, a petición del gobierno anfitrión interesado, había enviado a grupos pequeños de observadores de elecciones a todo el Hemisferio, la magnitud y el alcance de la misión cumplida en Nicaragua ?más de 433 observadores y la presencia de la OEA seis meses antes de las elecciones y por varias semanas después de ellas? indicaron la necesidad de institucionalizar el apoyo de la OEA a la democracia.

En 2002, la OEA envió, o planificó enviar, misiones de observación a Bolivia, Colombia, Honduras y la República Dominicana. Estas misiones, formadas por observadores experimentados de muchos países y dotadas de la habilidad de realizar "escrutinios rápidos" el día de las elecciones, emiten juicios imparciales ampliamente aceptados por los votantes y los gobiernos de todo el Hemisferio.

En 1990, la OEA creó la Unidad para la Promoción de la Democracia. Además de supervisar las misiones electorales de la Organización, la UPD administra programas pequeños en los países para mejorar los procesos y las instituciones democráticas en respuesta a las solicitudes de más de doce estados miembros. Estos programas procuran mejor la gobernanza democrática, por ejemplo, al facilitar la difusión y el intercambio de conocimientos acerca de los valores democráticos y los sistemas políticos, además del intercambio de experiencias entre instituciones y expertos sobre temas relacionados con la promoción de la democracia. La UPD brinda asesoramiento y ayuda para modernizar o reformar las leyes electorales, los registros civiles, las administraciones y los procesos. Por otra parte, la UPD formula y administra programas de fortalecimiento de la paz y da apoyo a las sociedades que se encuentran en la etapa posterior a un conflicto. Respalda los programas de eliminación humanitaria de minas en América Central y la región andina; también presta servicios especiales de asesoramiento y apoyo a gobiernos que hayan asumido el poder recientemente. La página en Internet de la UPD se encuentra en http://www.oas.org/upd.

Otra forma de fortalecer la democracia es el Centro de Estudios de Justicia de las Américas,

creado por la Asamblea General Extraordinaria de 1999. Este Centro cumple una meta importante de la Cumbre de Santiago, celebrada en 1998, y es el resultado de consultas muy cercanas entre ministros de justicia, fiscales generales y otros interesados en esta iniciativa. La sede del Centro está situada en Chile y su tarea principal es promover la reforma del sector de justicia en todos los países del Hemisferio, centrándose en la primera etapa en los asuntos de justicia penal.

COMBATE AL TERRORISMO
Los cancilleres de la OEA estaban reunidos en Lima, Perú, el 11 de septiembre de 2001 para adoptar y firmar la nueva Carta Democrática Interamericana. Su respuesta a los ataques terroristas fueron una condena inmediata de los ataques y la orientación de sus planes hacia el logro de una respuesta hemisférica unificada. Los cancilleres se reunieron de nuevo en Washington, DC, el 21 de septiembre de ese mismo año para aprobar una resolución que exhortaba a los estados miembros a tomar medidas eficaces para combatir el terrorismo. Por iniciativa del Brasil, los 22 signatarios del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), conocido como el Tratado de Río, se reunieron y declararon que un ataque contra uno de los miembros era un ataque contra todos y se comprometieron a suministrar ayuda mutua en la guerra contra el terrorismo. El Secretario de Estado, Colin L. Powell dijo a los Ministros reunidos lo siguiente:

"Nosotros, las democracias unidas del Hemisferio Occidental, nos unimos al mundo en la campaña mundial contra el terrorismo. Hemos prometido negarles a los terroristas y a sus redes la capacidad de operar dentro de nuestros territorios. Hemos resuelto hacer responsables a aquellos que los ayuden, financien o de alguna otra manera apoyen o den refugio a los terroristas".

El Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), reactivado con motivo de los ataques del 11 de septiembre, se reunió en Washington, DC, los días 28 y 29 de enero de 2002. Al frente de la delegación de los Estados Unidos se encontraba el Fiscal General, John Ashcroft. Los delegados aprobaron un plan de trabajo para que el CICTE coordinara las medidas para prevenir y combatir el terrorismo en el Hemisferio y los planes de acción acerca de los controles fronterizos y de las corrientes financieras. El CICTE está presidido por los Estados Unidos y su personal es suministrado por varios países miembros; el financiamiento proviene de cuotas de los estados miembros y observadores permanentes. La Secretaría de la OEA da apoyo administrativo al CICTE.

Los miembros de la OEA iniciaron negociaciones del texto de la Convención Interamericana contra el Terrorismo en noviembre de 2001 y se llegó a un acuerdo sobre el texto en marzo de 2002. La convención de la OEA aumenta la seguridad hemisférica mediante el mejoramiento de la cooperación regional en la batalla contra el terrorismo, al negarse a recibir a los terroristas, por una parte; y, por la otra, al facilitar el intercambio de información, la asistencia técnica y la capacitación en una amplia gama de campos complejos, como la prevención y erradicación del financiamiento del terrorismo, el mejoramiento de los controles en las fronteras y las aduanas, y la prevención, investigación y enjuiciamiento de quienes hayan cometido actos terroristas.

SEGURIDAD, RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y MANTENIMIENTO DE LA PAZ
La solución pacífica de controversias es un objetivo fundamental de la OEA. La OEA creó un Comité de Seguridad Hemisférica en 1993 y lo convirtió en un organismo permanente en 1995. También ha organizado y auspiciado conferencias sobre medidas de fomento de la confianza y de la seguridad, destinadas a fortalecer las relaciones entre militares, reducir las rivalidades y las tensiones históricas y crear un entorno que permita a los gobiernos democráticos mantener y modernizar las fuerzas de defensa, sin desencadenar sospechas en sus vecinos o sin llegar a una carrera armamentista. Estas reuniones se celebraron en Santiago, Chile, en 1995, y en San Salvador, El Salvador, en 1998. La OEA realiza una reunión anual de expertos en medidas de fomento de la confianza y de la seguridad. En 2002-2003, los estados miembros de la OEA emprenderán un análisis integral de la arquitectura de la seguridad hemisférica.

En situaciones de conflictos fronterizos, la existencia de la OEA y la posibilidad de que ésta pueda tomar medidas tienden a tener un efecto paralizador sobre cualquiera que quiera recurrir a la fuerza de manera unilateral. Por ejemplo, de 1999 a 2002, la OEA suministró facilitadores y conciliadores, ofreció sus buenos oficios y sirvió de intermediario en acuerdos para resolver controversias entre Belice y Guatemala, Honduras y Nicaragua, y Costa Rica y Nicaragua.

La OEA ha participado en muchas actividades de resolución de conflictos y de reconciliación nacional, como las siguientes;

Nicaragua
La vigilancia de las elecciones de Nicaragua, que efectuó la OEA, contribuyó decisivamente a la justicia de las elecciones del 25 de febrero de 1990, que marcaron una derrota histórica del régimen sandinista por la candidata de la oposición democrática, Violeta Barrios de Chamorro.

La presencia de observadores imparciales de la OEA a todo lo largo del proceso de registro y de votación inspiró confianza a los votantes y aseguró el respeto de los resultados. La OEA también vigiló las elecciones de 1996 que vieron una exitosa transición de un presidente electo al siguiente. Durante el proceso electoral de 1989-1990, la OEA y las Naciones Unidas crearon la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación (CIAV), solicitada por los presidentes de los países de América Central para verificar el cumplimiento de los acuerdos de paz para esa región. Bajo los auspicios de la CIAV, la OEA ayudó a más de 100.000 personas (antiguos combatientes y sus familias) y vigiló y trató de proteger sus derechos humanos. En respuesta a una solicitud del Gobierno de Nicaragua, la Asamblea General de junio de 1993 amplió las actividades de la CIAV y extendió su mandato para incluir a todas las personas desplazadas y a antiguos miembros del ejército nicaragüense. Meses más tarde, la CIAV desempeñó un papel importante para obtener la liberación de los rehenes capturados por grupos de rebeldes en dos incidentes separados, pero simultáneos. Por solicitud del gobierno recién elegido, la CIAV prolongó sus deliberaciones hasta mediados de 1997.

Haití
Un acuerdo firmado en Washington el 23 de febrero de 1992 exhortaba al despliegue de una presencia civil de la OEA en Haití para facilitar el restablecimiento de la democracia en esa nación insular. Otras conversaciones que tuvieron lugar en septiembre de 1992 culminaron con el despliegue hacia Haití de una pequeña misión civil cuya tarea era trabajar con las instituciones democráticas del país.

Esa presencia se amplió considerablemente cuando el canciller argentino, Dante Caputo, en su calidad de enviado especial de la OEA y las Naciones Unidas, llegó a un acuerdo para el envío de una Misión Civil Internacional (MCI) conjunta de la OEA y las Naciones Unidas. En 1993-1994, la OEA desplegó a más de 100 vigilantes de los derechos humanos en todo Haití, con oficinas permanentes en cada una de las 9 provincias de ese país. Ellos, con un pequeño número de observadores de las Naciones Unidas, investigaron y notificaron incidentes de abusos de los derechos humanos y también ejecutaron programas de educación cívica. Su presencia tuvo el efecto de reducir las tensiones, especialmente en las zonas rurales.

La OEA también asistió como observador de las elecciones de 1995 en Haití, la primera vez en la historia de ese país en que un presidente electo sucedía a otro también electo. La misión de observación de la OEA durante las elecciones parlamentarias del 21 de mayo de 2000, detectaron graves fallas en el escrutinio de los votos y en otros aspectos de la elección.

Durante más de un año, la OEA trabajó para ayudar a Haití a resolver la crisis política que resultó de las elecciones fraudulentas. En enero de 2002, en el espíritu de la recién firmada Carta Democrática Interamericana, el Consejo Permanente adoptó una resolución destinada a consolidar la democracia en Haití y a exhortar al gobierno a tomar una serie de seis medidas concretas para restablecer un clima de seguridad necesario para reiniciar el diálogo político. La resolución solicitaba la creación de una Comisión Investigadora para indagar sobre la violencia que rodeó a los sucesos del 17 de diciembre de 2001, y desplegaba una misión de 15 a 20 personas para ayudar a Haití en cuatro esferas, a saber, seguridad, administración de justicia, derechos humanos y gobernanza.

DERECHOS HUMANOS: LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) funciona en Washington, DC, y se distingue de las entidades de derechos humanos de otras organizaciones multilaterales por su autonomía política. Los siete miembros de la Comisión se eligen por derecho propio, no como representantes de gobiernos. La autonomía de la CIDH es aún mayor ya que tiene la prerrogativa de iniciar investigaciones sobre derechos humanos sin la aprobación del Secretario General ni del Consejo Permanente. En respuesta a la iniciativa de la Cumbre de Santiago, en 1998 la CIDH creó la función de Relator Especial para la libertad de expresión, cuyo mandato consiste en apoyar y promover la libertad de prensa.

Los derechos humanos en el sistema interamericano se basan en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana de los Derechos Humanos que datan de 1948 y 1969, respectivamente. Los Estados Unidos firmaron la Convención Americana de Derechos Humanos en 1977, pero no la han ratificado todavía.

La CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica, otorgaron a la OEA una función activa y en ocasiones obligatoria para la promoción y la protección de los derechos humanos. Mediante la persuasión en privado y la publicación de informes sobra violaciones a los derechos humanos, la CIDH ha sido fundamental para mejorar las prácticas en materia de derechos humanos de los miembros de la OEA y ha ayudado a resolver conflictos. El informe anual de la CIDH tiene capítulos sobre los problemas de derechos humanos en general, casos individuales e informes sobre la situación en los países. La CIDH publica además informes especiales, que han resultado eficaces para afrontar las infracciones en ciertos países. De 1990 a 1994, sus informes especiales sobre Haití, elaborados sobre el terreno, mantuvieron la atención internacional centrada en la terrible situación de los derechos humanos en ese país y recibieron elogios de organizaciones tanto locales como internacionales. La CIDH desempeñó una función fundamental en la liberación, en 1989, de casi 2.000 presos políticos del régimen sandinista en Nicaragua. En 1999, en el 30o aniversario de la Declaración Americana, la OEA y los estados miembros empezaron una evaluación del sistema interamericano de derechos humanos para determinar cuál sería la mejor forma de consolidarlo aún más.

Hasta comienzos de 2002, los miembros de la CIDH eran los siguientes: Presidente: Juan E. Méndez (Argentina); Primer Vicepresidente: Marta Altolaguirre (Guatemala); Primer Vicepresidente: José Zalaquett Daher (Chile); Clare Kanu Roberts (Antigua-Barbuda); Susana Villarán de la Puente (Perú); Julio Prado Vallejo (Ecuador); y Robert K. Golman (Estados Unidos). La página en Internet de la CIDH se encuentra en http://www.oas.org/cidh.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
El plan de acción de la Cumbre de las Américas celebrada en Miami en 1994 encargó a la OEA de la búsqueda de un enfoque hemisférico para combatir la corrupción. La Convención Interamericana contra la Corrupción, negociada bajo los auspicios de la OEA durante el período 1995-1996, es el primer acuerdo de carácter multilateral e integral firmado en el mundo para combatir la corrupción. El 29 de marzo de 1996, en Caracas, 21 naciones firmaron el acuerdo al finalizar las negociaciones; hasta comienzos de 2002, el número total de signatarios llegaba a 28.

La Convención entró en vigor el 6 de marzo de 1997 cuando Paraguay y Bolivia se convirtieron en los primeros países en depositar sus instrumentos de ratificación. Un total de 25 países, entre los que se encuentran los Estados Unidos, ya han ratificado la Convención. Ésta prevé el desarrollo institucional y la aplicación de medidas contra la corrupción al fomentar la asistencia legal mutua, la cooperación técnica, la extradición y la confiscación de activos. La Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA tiene un Grupo de Trabajo sobre Probidad y Ética Cívica que se dedica a promover la ejecución eficaz de la Convención.

El Departamento de Asuntos Legales de la OEA realiza diversas actividades, entre otras, talleres financiados por los Estados Unidos para ayudar a los estados miembros a formular las medidas preventivas estipuladas en la Convención. Varios expertos gubernamentales en la materia se reunieron para formular un mecanismo de vigilancia para la Convención; en mayo de 2002, la Comisión de Expertos aprobó un cuestionario y el cronograma para la primera ronda de evaluaciones del desempeño del país, de conformidad con la Convención.

COMBATE AL ABUSO Y AL TRÁFICO DE DROGAS
El programa de la OEA contra los estupefacientes se lanzó en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Narcotráfico celebrada en abril de 1986, que fue la primera reunión en que se abordaron todos los aspectos del problema de las drogas. De conformidad con el programa de acción adoptado en dicha reunión, la Asamblea General de la OEA creó, en noviembre de 1986, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), que se reúne dos veces al año para dirigir el programa y evaluar la situación de las drogas en el Hemisferio. Si bien originalmente estaba compuesta de 11 gobiernos miembros, la Comisión se amplió a 34 miembros debido al interés cada vez mayor que suscita el programa y las inquietudes acerca del problema de las drogas. Los primeros proyectos se ejecutaron en 1988. El proyecto ha determinado 5 líneas de acción prioritarias, a saber, formulación de leyes nacionales e internacionales, creación de un sistema interamericano de información sobre drogas, reducción de la demanda, desarrollo alternativo, y fortalecimiento de las comisiones nacionales sobre drogas. La CICAD tiene una página en Internet en http://www.cicad.oas.org

En noviembre de 1997, la CICAD aprobó un reglamento modelo para controlar el desvío de armas de fuego, explosivos y municiones a manos de delincuentes; este reglamento fue negociado por un grupo de expertos bajo los auspicios de la CICAD.

A finales de 1997 y comienzos de 1998, la CICAD realizó consultas informales acerca de la propuesta de los Estados Unidos de establecer un Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) para vigilar y evaluar los programas nacionales contra los estupefacientes. La Cumbre de las Américas, celebrada en Santiago, en 1998, apoyó el MEM, y en 1999, el Grupo de Trabajo Intergubernamental de la CICAD terminó el diseño del MEM. Se establecieron 79 indicadores, 61 de los cuales se seleccionaron para la primera ronda de evaluaciones, que se evaluaron y aprobaron en 2000. Ya se inició la segunda ronda de evaluación con el MEM y los países cumplen ahora la tarea de contestar un cuestionario detallado de 81 puntos.

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE, DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL LIBRE COMERCIO
El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) fue creado en 1996 cuando entraron en vigor las enmiendas a la Carta resultantes del Protocolo de Managua. El CIDI sustituyó al Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) y al Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura (CIECC). El CIDI tiene a cargo la coordinación de las actividades de desarrollo y cooperación técnica en una alianza destinada a atraer apoyo financiero de países donantes, instituciones internacionales de desarrollo y otras fuentes. La Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CEPCIDI), la Comisión Interamericana para el Desarrollo Sostenible (CIDS), la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (COMCYT), la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) y otros comités y reuniones a nivel ministerial y sus subgrupos brindan orientación y evaluación a la Secretaría de la OEA acerca de políticas, proyectos y otras actividades pertinentes. Además, agrupan a funcionarios técnicos y autoridades normativas del Hemisferio para lograr consenso acerca de las iniciativas y las prioridades conjuntas.

El 15 de noviembre de 1999, una Asamblea General Extraordinaria aprobó los estatutos de la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD). Creada como resultado de una iniciativa de los Estados Unidos, la AICD aprovechará al máximo los recursos disponibles, mejorará la gestión y la prestación de cooperación técnica y dará a la OEA mejores condiciones para atraer recursos externos complementarios para financiar la cooperación técnica. La Junta Directiva de la AICD, compuesta de nueve estados miembros electos, aporta la orientación operativa, mientras que la orientación de políticas proviene del CIDI, tanto en sus reuniones anuales como sectoriales de nivel ministerial, de la Secretaría Ejecutiva del CIDI y de sus órganos subsidiarios. Los estatutos de la AICD entraron en vigor el 1 de enero de 2000. Los gobiernos miembros eligieron a Antigua y Barbuda, Argentina, Canadá, Costa Rica, Jamaica, México Nicaragua, Saint Kitts y Nevis, y Venezuela para integrar la Junta Directiva.

En abril de 2000, el CIDI confirmó a Ronald Scheman (Estados Unidos) como primer director general de la AICD. La información acerca del CIDI puede encontrarse en Internet en http://www.cidi.oas.org/cidi/asp/.

El Fondo Multilateral Especial del CIDI, conocido por sus siglas en español como FEMCIDI, está compuesto de las cuotas voluntarias de los estados miembros. Aunque un estado miembro tiene libertad para decidir el nivel de su compromiso, una vez que se ha prometido una cantidad a este Fondo, el país tiene la obligación legal de pagar la cantidad prometida; por otra parte, un país no podrá solicitar proyectos a menos que haya pagado en la fecha establecida.

Los proyectos presentados deberán recibir una evaluación favorable (efectuada por expertos externos) para que sean considerados para financiamiento. Se escogerán para financiamiento los proyectos que reciban los puntajes de evaluación más altos dentro de sus cuentas sectoriales particulares. Los fondos de cooperación horizontal (aportados por México, Brasil Argentina y los Estados Unidos) suministran más ayuda a las economías más pequeñas y menos desarrolladas.

El Programa de Becas y Adiestramiento de la OEA concede un promedio de 360 becas de posgrado anualmente. También hay un pequeño programa de becas para estudios universitarios de pregrado, destinado solamente a estudiantes de países del Caribe y de América Central. Un tercer programa financia los viajes para asistir a cursos de adiestramiento ofrecidos por los estados miembros. Aunque hasta la fecha estas becas las ha financiado el Fondo Regular de la OEA (cuotas de los estados miembros), se creó un Fondo de Capital para becas con objeto de atraer fondos externos.

Durante 25 años, la OEA ha ayudado a los estados miembros a incorporar consideraciones acerca del medio ambiente en los proyectos de desarrollo. Las instituciones de desarrollo internacional han reconocido la experiencia y los conocimientos técnicos que tiene la Organización internamente, así como su función de liderazgo, y varias de estas instituciones han emprendido iniciativas conjuntas con la OEA o han contratado a la Organización como organismo ejecutor de sus proyectos relacionados con el medio ambiente. El mayor impulso a los esfuerzos ambientales de la OEA provino de la Cumbre de las Américas sobre Desarrollo Sostenible, celebrada en Santa Cruz, Bolivia, en 1996. La Declaración y el Plan de Acción de Santa Cruz dieron a la OEA un mandato importante para coordinar el seguimiento de esas decisiones. A nivel de políticas, esto se hace por intermedio de la Comisión Interamericana de Desarrollo Sostenible (CIDS), una reunión de funcionarios públicos dentro del marco del CIDI. A nivel técnico, esto ocurre en el Grupo Interagencial, compuesto de representantes de organismos de cooperación técnica tales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y varios programas de las Naciones Unidas, así como organismos de ayuda y relacionados con el medio ambiente, tanto de los Estados Unidos como del Canadá. La Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (UDSMA) de la Secretaría de la OEA tiene una página en la web en http://www.oas.org/usde; la Unidad de Ciencia y Tecnología tiene su página en http://www.redhucyt.oas.org/ocyt.

La Secretaría de la OEA, en trabajo conjunto con estados miembros y una amplia gama de organizaciones de la sociedad civil de todo el Hemisferio, formuló la Estrategia Interamericana para la Promoción de la Participación Pública en la Toma de Decisiones sobre el Desarrollo Sostenible, en respuesta a una iniciativa de la Cumbre de Bolivia. Esta estrategia, aprobada en abril de 2002, establece recomendaciones y ejemplos para que los gobiernos consulten con la sociedad civil acerca de iniciativas de desarrollo fundamentales. Se basa en tres años de proyectos piloto, estudios y consultas en todo el Hemisferio. Entre otras iniciativas de la Cumbre de Bolivia que la OEA ayuda a llevar a la práctica se encuentran la Red Interamericana de Información sobre la Biodiversidad (IABIN) y el Foro Interamericano de Derecho Ambiental (FIDA). La IABIN agrupa a expertos del gobierno y a representantes de la sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales para compartir electrónicamente datos sobre las poblaciones de ciertas especies y cooperar en proyectos especiales. El FIDA, una red sobre derecho ambiental y su aplicación, se concentrará inicialmente en estudios e intercambio de información acerca de los aspectos legales de la política del agua y del comercio, inversiones y el medio ambiente.

La Asamblea General de la OEA, celebrada en 1999, creó un comité sobre la participación de la sociedad civil para formular mecanismos destinados a acreditar a representantes de la sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales en las actividades de la OEA. El comité preparó un conjunto de pautas, que el Consejo Permanente aprobó en diciembre de ese mismo año. La OEA tiene una larga historia de cooperación con organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones no gubernamentales han hecho aportes considerables al trabajo de la CIDH, a la Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, a la Unidad para la Promoción de la Democracia y al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI). Las nuevas pautas de la OEA sobre la sociedad civil están destinadas a complementar, no a modificar, las normas que rigen al CIDI, a sus comisiones interamericanas y a otras conferencias y organizaciones interamericanas especializadas. Las pautas estipulan un proceso de acreditación similar al utilizado en el sistema de las Naciones Unidas.

La Unidad de Comercio de la OEA, en cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), presta apoyo técnico a los grupos de negociación creados por el proceso de la Cumbre de Miami para abordar los asuntos relacionados con la creación de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). La Unidad de Comercio también ha auspiciado cursos de adiestramiento sobre temas comerciales para funcionarios de países de América Latina y el Caribe, en la Universidad de Georgetown, Washington, DC. El tan apreciado Sistema de Información sobre Comercio Exterior de la OEA, conocido como SICE, suministra información sobre comercio y acuerdos comerciales, tratados de inversiones y reglamentos nacionales, además de directorios de empresas y otras fuentes de contactos, almacenados en una base de datos en http://www.sice.oas.org.

Además del Servicio de Distribución Segura de Documentos del ALCA, el SICE administra también la página web de esta última en http://www.ftaa-alca.org.

La Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), que cuenta con una activa participación del sector privado, brinda un foro imparcial para resolver asuntos de interés comercial, tales como coordinación de las normas y el uso del espectro de frecuencias de radio. En respuesta a un mandato de la Cumbre de Santiago, la CITEL ha establecido directrices de mejores prácticas para el servicio universal y la interconexión; además, trabaja para reducir las barreras al comercio generadas por la falta de armonización de las normas. Un logro particularmente importante de la CITEL fue la ratificación en octubre de 1999 del Acuerdo Interamericano de Reconocimiento Mutuo para la Evaluación de la Conformidad del Equipo de Telecomunicaciones, que fue también una iniciativa de la Cumbre de Santiago. La CITEL es una entidad semiautónoma que depende de la Asamblea General de la OEA por intermedio del Consejo Permanente. Tiene una página en Internet en http://www.citel.oas.org.

ORGANIZACIÓN
La Secretaría General es el órgano permanente y principal de la OEA, que ejecuta programas y políticas decididas por la Asamblea General y los dos consejos. Bajo la dirección del Secretario General, ocupa una posición clave dentro del sistema interamericano y sirve a toda la organización y a todos los estados miembros. El Secretario General y el Secretario General Adjunto son elegidos por la Asamblea y su mandato dura 5 años. Pueden ser reelegidos una vez y quien los suceda en el cargo no podrá ser de la misma nacionalidad.

Entre los funcionarios de alto nivel nombrados por el Secretario General se encuentran los secretarios adjuntos para asuntos legales y administración, el director general de la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD), los secretarios ejecutivos de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y de la Comisión Interamericana de Control del Abuso de Drogas (CICAD), los directores de diversas unidades, entre ellas, comercio y promoción de la democracia, y el director ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El personal de la Secretaría realiza las actividades de todas las unidades de la OEA y trabaja en las comisiones, los consejos y otros órganos.

El personal de la Secretaría General está compuesto de funcionarios seleccionados principalmente de los estados miembros y se tiene en consideración la representación geográfica. Los miembros del personal, unas 550 personas, son considerados funcionarios públicos internacionales. La Secretaría de la OEA también mantiene una oficina pequeña en muchos estados miembros.

La Asamblea General es el órgano supremo de la OEA. Efectúa una sesión ordinaria todos los años, ya sea en uno de los estados miembros o en su sede en Washington, DC. En circunstancias especiales, y con la aprobación de dos terceras partes de los estados miembros, el Consejo Permanente puede convocar una sesión extraordinaria de la Asamblea General. Por lo general, las delegaciones están encabezadas por cancilleres. Además de deliberar sobre asuntos actuales, la Asamblea General aprueba el presupuesto por programas; establece las bases para fijar el monto de las cuotas de los estados miembros; establece medidas para coordinar las actividades de los órganos, agencias y entidades de la OEA; y determina las normas generales que rigen el funcionamiento de la Secretaría General. Las decisiones de la Asamblea General usualmente toman la forma de resoluciones, que deben ser aprobadas por una mayoría de todos los miembros (dos terceras partes para el temario, el presupuesto y ciertos otros asuntos).

Cualquier estado miembro puede solicitar que se convoque una reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores ya sea para "considerar problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados americanos" (según se estipula en la Carta de la OEA) o para actuar como órgano de consulta en casos de agresión armada o de otras amenazas a la paz y la seguridad internacionales (de conformidad con el Tratado de Río). En cualquier caso, la petición deberá dirigirse al Consejo Permanente de la OEA, que decide por mayoría absoluta si se convocará la reunión. En casos de controversias entre estados miembros, las partes afectadas son excluidas de la votación. En caso de que ocurra una agresión armada dentro del territorio de un estado americano o dentro de la zona de seguridad del Hemisferio Occidental definida por el Tratado de Río, se realiza una reunión de consulta de inmediato. Hasta que puedan reunirse los cancilleres, el Consejo Permanente está facultado para actuar como órgano de consulta provisional y puede tomar decisiones.

El Consejo Permanente, compuesto de embajadores que representan a cada estado miembro, suele reunirse cada dos semanas durante todo el año, en la sede, en Washington, DC. El Consejo, sus comités permanentes y los grupos especiales de trabajo realizan las actividades cotidianas de la OEA, que comprenden llevar a la práctica los mandatos de las asambleas generales, diseñar y evaluar actividades para promover la democracia y fortalecer los derechos humanos, considerar las peticiones de los miembros, debatir y aprobar resoluciones sobre asuntos corrientes, y considerar los informes de los órganos subsidiarios.

En caso de emergencia o si un miembro lo solicita, el presidente podrá convocar de inmediato una sesión extraordinaria del Consejo. La presidencia rota cada tres meses en orden alfabético. A diferencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ningún miembro tendrá el derecho al veto en el Consejo Permanente. Los miembros de la OEA asignan mucha importancia al logro del consenso antes de que se tomen las decisiones. El Consejo Permanente también actúa provisionalmente como órgano de consulta (para las reuniones de cancilleres) y cada año ejerce las funciones de comité preparatorio para la Asamblea General.

El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral se reúne anualmente a nivel ministerial; sus entidades subsidiarias se reúnen con mayor frecuencia. El CIDI también convoca reuniones sectoriales a nivel ministerial en ámbitos tales como trabajo y educación para considerar temas especializados en los campos prioritarios del Plan Estratégico.

ORGANIZACIONES ESPECIALIZADAS Y OTRAS ENTIDADES
Muchas de las actividades interamericanas importantes las realizan entidades separadas, algunas de las cuales son independientes, algunas parcial o totalmente financiadas por la OEA, y otras que consisten simplemente en reuniones hemisféricas periódicas que reciben apoyo de la Secretaría de la OEA. Los temas abarcados incluyen agricultura, trabajo, derechos de autor, derecho internacional privado, autopistas, puertos, ferrocarriles, telecomunicaciones, salud y saneamiento, estadísticas, viajes, bienestar del niño, cuestiones de la mujer, asuntos indígenas y turismo. A las conferencias asisten funcionarios de alto nivel y expertos técnicos para intensificar la cooperación interamericana en estos campos.

El Instituto Interamericano del Niño (IIN), fundado en 1927 y con sede en Montevideo, Uruguay, se preocupa por los problemas de los menores de edad y sus familias, entre los que se encuentran, el tráfico de menores, el trabajo de los niños, la explotación sexual comercial, el secuestro internacional de menores por uno de los padres y los niños afectados por la guerra. Funciona como centro de acción y programas sociales en las especialidades de salud, educación, legislación social, legislación sobre adopciones, servicios sociales y estadísticas. El IIN ha hecho aportes extensos a la jurisprudencia internacional en el ámbito del derecho de familia; el ejemplo más reciente de esta labor es la legislación modelo acerca de la adopción internacional. El IIN mantiene una página web en http://www.iin.org.uv.

La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), creada en 1927, fue la primera organización internacional dedicada a las cuestiones de la mujer. Trabaja para ampliar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres en el Hemisferio. Actualmente, se ocupa de la integración de las mujeres a los procesos de desarrollo y de toma de decisiones, de la violencia doméstica, del tráfico de mujeres y de los derechos humanos de las mujeres. La investigación y los seminarios de la CIM se han orientado a las mujeres y la política, las mujeres y el empleo y la violencia contra las mujeres. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer(Convención de Belém do Pará) fue redactada bajo los auspicios de la CIM. Se abrió para la firma en la Asamblea General de la OEA en 1994 y la han firmado 31 miembros de la OEA. En abril de 2000, la reunión de la CIM a nivel ministerial aprobó el Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad y la Igualdad de Género. La CIM tiene una página en Internet en http://www.oas.org/CIM/default.htm.

La Junta Interamericana de Defensa (JID) se creó en 1942 para planificar y coordinar la defensa hemisférica colectiva. En 1993, organizó el adiestramiento por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de un equipo de instructores de desminado, procedentes de países latinoamericanos, quienes instruyeron, a su vez, a miembros del ejército de Nicaragua en las técnicas para retirar miles de minas terrestres que quedaron en el campo como resultado de los conflictos civiles en la década de los ochenta. Los programas de desminado de la JID se extendieron a Honduras y Costa Rica en 1995 y 1996; el desminado empezó en Guatemala en 1997. La dirección de la JID en Internet es http://www.jid.org.

El Colegio Interamericano de Defensa (CID), supervisado por la JID, aumenta el profesionalismo militar y promueve la cooperación militar a nivel regional. El colegio suele adiestrar a unos 60 estudiantes por año, la mayoría de los cuales son oficiales de grados superiores que alcanzan posiciones de liderazgo en sus respectivos servicios.

Otras entidades del sistema interamericano se financian con fondos externos al presupuesto de la OEA. Excepto por la Fundación Panamericana de Desarrollo (FUPAD), que depende principalmente de las contribuciones del sector privado y de un pequeño subsidio de la OEA y del BID, que recibe apoyo financiero substancial de miembros de fuera del Hemisferio, la cuota que aportan los Estados Unidos para estas entidades asciende, como para la OEA misma, aproximadamente a 59%.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el primero de los bancos regionales de desarrollo, se creó en 1959 para otorgar créditos acordes con las necesidades de desarrollo de América Latina y el Caribe. Además de los países del Hemisferio, ahora son miembros del BID 15 naciones europeas, además de Japón e Israel; sin embargo, los únicos que pueden optar por los créditos son los países miembros situados en América Latina y el Caribe. El capital ordinario del BID suministra fondos para el desarrollo en condiciones de mercado, mientras que su Fondo para Operaciones Especiales ofrece financiamiento en condiciones concesionales a los países clasificados como menos desarrollados económicamente. La dirección en Internet del BID es http://www.iadb.org.

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), fundado en 1942 y con sede en San José, Costa Rica, ayuda a los estados miembros en la promoción de la sanidad agropecuaria y la inocuidad de los alimentos, el fortalecimiento de los sistemas institucionales de producción agropecuaria del país y la eliminación de las barreras al comercio de los productos agropecuarios básicos.

El IICA apoya las iniciativas para mejorar la productividad agropecuaria, las oportunidades de empleo en los sectores rurales y la participación rural en las actividades de desarrollo. El IICA tiene, además, una excelente historia de prevención de enfermedades peligrosas para las plantas y los animales y de ayuda a sus miembros para el desarrollo de métodos sostenibles de producción de alimentos. Las orientaciones de política provienen de los ministros de agricultura de cada país miembro, que forman la Junta Interamericana de Agricultura (JIA). La dirección en Internet del IICA es http://www.iica.int.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), fundada en 1902, ha funcionado desde 1948 como la rama para el Hemisferio Occidental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es un organismo del sistema de las Naciones Unidas. La OPS coordina las iniciativas hemisféricas para combatir la enfermedad y promover la salud física y mental de la población. Esta organización ha contribuido notablemente a la erradicación de muchas enfermedades transmisibles y a la promoción de mejoras en el saneamiento y en las condiciones de salud. La dirección en Internet de la OPS es http://www.paho.org.

El Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), cuya sede se encuentra en la ciudad de México, fomenta la coordinación, normalización y publicación de estudios geográficos, históricos, cartográficos y geofísicos de alcance regional. Los países miembros reciben información y asistencia técnica para el desarrollo sostenible de sus recursos naturales. El IPGH también ayuda a los países miembros a identificar los riesgos acarreados por los desastres naturales y ha participado en la solución de controversias fronterizas entre los países miembros.

El IPGH, establecido en 1928, preserva y documenta la información histórica mediante la investigación y la publicación. También facilita las relaciones de cooperación entre organismos de los Estados Unidos y otros países en esferas tan vitales como la seguridad aérea y la mitigación de desastres naturales. La página del IPGH puede consultarse en http://www.ipgh.org.mx

El Instituto Indigenista Interamericano (III), creado por la Convención de Pátzcuaro en 1940 y con sede en la ciudad de México, inicia, coordina y dirige la investigación para promover una mejor comprensión de la salud, la educación y los problemas socioeconómicos de las poblaciones indígenas. Ofrece un foro para que los líderes indígenas y los representantes gubernamentales discutan enfoques aceptables para ambas partes destinados a abordar las numerosas dificultades que deben afrontar las comunidades indígenas de las Américas. Los Estados Unidos se retiraron del III en diciembre de 2000, debido a la continua falta de financiamiento proveniente del Congreso.