Embajada de los Estados Unidos INFORMACION DE FONDO

Washington -- Las declaraciones de la administración Bush en el sentido de que considera una nueva política de inmigración que ayudaría a los inmigrantes mexicanos indocumentados que se encuentran en este país, ha atraído enorme atención de parte de los medios noticiosos estadounidenses, lo que ha resultado en un acalorado debate entre oradores, columnistas, políticos y congresistas en torno a si tal idea tal es prudente, factible y justa para otras nacionalidades, además de los mexicanos.

El problema gira en torno a si la administración puede legalizar la situación de algunos o todos los mexicanos indocumentados, que se dice están en este país y que suman más de tres millones.  Un grupo de trabajo combinado de los departamentos de Estado y Justicia que se ocupa de temas de inmigración prepara un informe sobre la cuestión, el cual incluye si se expande un programa que comenzó a mediados de la década de 1980, según el cual alrededor de 30,000 trabajadores agrícolas "invitados" temporales, procedentes de México, obtienen las llamadas visas H-2A, para venir cada año a trabajar en Estados Unidos.

Los presidentes George Bush y Vicente Fox abordarán la cuestión de los trabajadores invitados durante la visita a Washington que este último ha programado del 5 al 7 de septiembre.  Según el Departamento de Estado, el Presidente Bush no ha tomado aún la decisión final acerca de lo que se hará con el programa, sólo se sabe que será uno de los puntos que tratará durante su reunión con el Presidente Fox.

Pero el 26 de julio Bush dijo a los reporteros que "cuando encontramos un empleador bien dispuesto y un empleado bien dispuesto, debemos juntarlos.  Debemos hacer que a los que quieren emplear a alguien, a los que buscan trabajadores, les sea más fácil contratar gente que quiere trabajar.  Y sé que podemos hacerlo de una manera humana, que trate a la gente con respeto".

El secretario de Prensa de la Casa Blanca, Ari Fleischer, dijo también en julio que un programa de trabajadores invitados reformado se concentraría en aspectos tales como la prevención de los efectos adversos en los trabajadores norteamericanos, asegurar los derechos y protecciones legales de los trabajadores temporales que vienen a este país, y promover una frontera ordenada y libre de peligros.  El portavoz del Departamento de Estado, Richard Boucher, dijo que la administración Bush se concentra en un programa de trabajadores invitados diseñado para asegurar "la migración ordenada y libre de peligros".

México y Estados Unidos abordan el tema de los trabajadores temporales en el "Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Migración", que ha venido reuniéndose regularmente luego de las conversaciones que mantuvieron en febrero Bush y Fox.  Dijo Fleischer que era de particular importancia lo que México ha "contribuido" al grupo de trabajo, y que la inmigración ya no se considera sólo "una cuestión norteamericana o un problema norteamericano".

Se dice que muchos mexicanos vienen a Estados Unidos como indocumentados, en busca de empleos que pagan más que lo que pueden ganar en su propio país.  Según ciertas declaraciones, México recibe enormes beneficios de una situación en la que los migrantes indocumentados remiten cada año desde Estados Unidos unos 6,000 millones de dólares a sus familias en su país de origen.  Se estima que del 50 al 80 por ciento de los 1.6 millones de trabajadores agrícolas en Estados Unidos son inmigrantes indocumentados, en su mayoría mexicanos.

El programa de visas H-2A ha sido diseñado para crear una fuerza laboral especial en caso de que los productores agrícolas no puedan cubrir sus necesidades de mano de obra reclutándola en el mercado laboral estadounidense.  Un documento oficial publicado en febrero por la Comisión Arizona-México dice que de acuerdo con el programa H-2A se emitieron casi 30,000 visas de trabajadores agrícolas temporales en el año fiscal 2000, "lo cual es un porcentaje muy pequeño de la fuerza laboral agrícola total de Estados Unidos.

La comisión, creada en 1959 para mejorar la economía y la calidad de vida en la frontera entre México y Arizona, dijo que los empleadores consideran el proceso de las visas H-2A demasiado engorroso, y que "hasta que un nuevo programa cubra sus necesidades, preferirán contratar los trabajadores indocumentados que haya disponibles, incluso si tienen que violar la ley".  El tema tiene matices particularmente emocionales debido a los numerosos relatos que publica la prensa de Estados Unidos y México sobre migrantes que mueren en el desierto, lo cual sirve de recordatorio periódico del enconado problema migratorio que enfrentan los dos países.

Según el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Jorge Castañeda, México considera "enormemente receptiva" la actitud estadounidense en relación con los intereses de los inmigrantes indocumentados.  Luego de reunirse en abril con el secretario de Estado Colin Powell y el secretario de Justicia John Ashcroft, Castañeda dijo que la meta de su país era la de "regularizar la situación de aquellos mexicanos en Estados Unidos que carecen de documentos".

Ashcroft, que junto con Powell ha sido encargado de preparar recomendaciones sobre el problema inmigratorio antes que los presidentes de Estados Unidos y México se reúnan esta semana en Washington, dijo que Estados Unidos estaba "abierto" a la reforma de un programa de trabajadores invitados para los migrantes mexicanos, y que colaboraría estrechamente con México en el diseño de nuevas ideas para el plan.

Un funcionario del Departamento de Estado que está al tanto de las conversaciones bilaterales entre los dos países dijo en una entrevista que las discusiones "no siguen el modelo específico de ninguno de los proyectos que se han propuesto en el Congreso de Estados Unidos para un programa de trabajadores invitados, aunque ha habido muchas consultas con el Congreso para recibir su aporte, al igual que con organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil.

La intención declarada, señaló el funcionario, es tener preparadas algunas recomendaciones para la reunión entre Bush y Fox.  Añadió que la idea central, basada en la reunión que mantuvieron ambos líderes en México, es "plantear propuestas que promuevan la migración ordenada y libre de peligros, que respeten los derechos humanos y otras cuestiones.  Obviamente, la intención sería reducir la cantidad de gente que entra sin documentos, y abrirle algún tipo de ruta para que entre legalmente".

Dijo el funcionario que tiene todavía que decidirse si un programa reformado de trabajadores invitados se aplicaría sólo a los mexicanos, o incluiría también a migrantes de otras partes de América Latina y Asia.  "Evidentemente, si uno examina cualquiera de las políticas o leyes estadounidenses" sobre el tema, "los mexicanos tenderán a beneficiarse tanto o más que cualquier otra nacionalidad, simplemente en razón de su número y proximidad", apuntó.  "Pero, a estas alturas, no ha habido conversaciones públicas en torno a un programa que sea sólo para México".  El propio presidente dijo en julio acerca de esa cuestión que en el programa "consideraremos" a todas las nacionalidades.

También en referencia a ese asunto, el congresista Silvestre Reyes, diputado demócrata por Texas y presidente de la Conferencia Congresional Hispánica, dijo en una entrevista por televisión que el liderato demócrata del Congreso presentará una "propuesta amplia" que incluiría en el programa a trabajadores de otros países, además de México.  Indicó que "nos ocuparíamos de los mexicanos en la propuesta, "pero no podemos ocuparnos solamente de los mexicanos con exclusión de todos los demás.  No es justo".

En Estados Unidos hubo entre 1942 y 1964 una cantidad masiva de trabajadores invitados legales, durante lo que se conoció como el Programa Bracero.  Ese programa trajo a Estados Unidos alrededor de cinco millones de trabajadores agrícolas mexicanos, pero fue abolido en vista de las acusaciones de que los empleadores abusaban de los trabajadores y que eran comunes los accidentes mortales en los lugares de trabajo.  La razón explícita de su existencia fue que los productores agrícolas carecían de ayuda, a medida que los trabajadores estadounidenses eran atraídos por la economía industrial que apoyaba el esfuerzo de la Segunda Guerra Mundial.  Pero sus detractores sostenían que el programa había sido creado por razones políticas, para darles a los productores poderosos trabajadores baratos, abundantes y complacientes.

La justificación racional actual para contar con trabajadores invitados es que sin esa ayuda del gobierno los productores quedarían fuera del negocio, el precio de frutas y hortalizas se dispararía hacia arriba y Estados Unidos se volvería más vulnerable a la dependencia de las importaciones de alimentos.

Pero los que se oponen a la idea, como, por ejemplo, Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios sobre Inmigración, sostienen que la importación de trabajadores con niveles educativos muy bajos en una economía moderna, altamente tecnificada, les impone una enorme carga a los contribuyentes estadounidenses por el uso de programas de asistencia social.

Sin embargo, los defensores de la iniciativa dicen que un mejor programa de trabajadores invitados reduciría radicalmente la cantidad de mexicanos que viven en Estados Unidos como indocumentados.  Por ejemplo, el senador Phil Gramm, republicano por Texas, que ha venido trabajando en el Congreso en legislación en favor de un programa de trabajadores invitados, dijo que "es engañoso no reconocer que los extranjeros indocumentados ocupan ya millones de empleos en Estados Unidos, con el permiso implícito de los gobiernos en todos los niveles, al igual que el de compañías y comunidades.  Creo que un programa de trabajadores invitados efectivo puede ayudar a la economía norteamericana y disminuir radicalmente la inmigración ilegal y todos los males que la acompañan".

Gramm se ha opuesto generalmente a los proyectos de reforma de la inmigración y el trabajo, y está firmemente en contra de legalizar los que se estima son tres millones de mexicanos indocumentados en ese país.  Sin embargo, dijo que reconocía la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo de los programas de trabajadores invitados.

Un beneficio potencial que ofrecerá su plan, explicó Gramm, consiste en que ayudará a Estados Unidos a "recuperar el control de su frontera" y a "terminar con la corriente de inmigrantes indocumentados cuya llegada se condona tácitamente, lo cual es causa de desprecio del imperio de la ley".  Estados Unidos, afirmó, "debe reformar el sistema mediante el cual los empleadores, el gobierno y la nación aceptan los beneficios que reporta el trabajo de los inmigrantes mientras cierran los ojos para no ver la ley que prohibe su presencia".  Según Gramm, los trabajadores invitados son "vitales" para la economía estadounidense.

Pero Mark Krikorian, que se opone a los trabajadores invitados, dijo que el argumento de Gramm "no sólo es falso, sino que la disponibilidad en gran escala de esa clase de mano de obra, obstaculiza en realidad el progreso económico.  Esto puede advertirse especialmente en la producción de frutas y hortalizas frescas, puesto que la proporción de inmigrantes en la fuerza laboral agrícola es mayor que en cualquier otra ocupación importante".

Los críticos dicen también que el programa les permite a los empleadores sin escrúpulos abusar de los trabajadores amenazándolos con la deportación si piden mejores salarios o condiciones de trabajo.  La organización sindical Trabajadores Agrícolas Unidos de Norteamérica describe el programa como una "servidumbre en pago de deudas".  El Fondo de Justicia para los Trabajadores Agrícolas dice que los salarios de los trabajadores invitados son demasiado bajos, al escalonarse desde el salario mínimo federal de 5.15 dólares la hora, hasta 7.68 dólares la hora, lo que es causa de que la mayoría de los trabajadores agrícolas vivan en la pobreza.

El senador Chuck Hagel, republicano por Nebraska, dijo que la idea de un programa de trabajadores invitados surge en un momento en que ambas naciones tienen presidentes "que comprenden esta cuestión con mucha claridad".  Bush, declaró, según su experiencia como gobernador de Texas, tiene un conocimiento directo de las necesidades y preocupaciones de los inmigrantes, en tanto que Fox ha hecho de los derechos de los inmigrantes un tema importante.  Agregó que el crecimiento económico sostenido de Estados Unidos depende de conseguir trabajadores migrantes de fuera del país para cubrir empleos.

El senador Bob Graham (demócrata de la Florida), quien también ha trabajado en la legislación referente al programa de trabajadores invitados, dijo que le gustaría un programa que incluyera a los migrantes de América Central y el Caribe, al igual que los de México.  Señaló que en su estado una cantidad substancial de trabajadores no son mexicanos.

Muchos productores estadounidenses que emplean mano de obra proveniente de América Central y el Caribe han expresado la preocupación de que un acuerdo para permitir la entrada exclusiva de trabajadores invitados mexicanos podría privarlos de trabajadores o hacer que fuera difícil conseguirlos.  Por ejemplo, el dueño de una compañía de Massachusetts dijo que su firma utiliza trabajadores de Jamaica en la recolección de manzanas, flores y hortalizas.

Ciertos miembros del personal congresional dicen que uno de los puntos más contenciosos del debate gira en torno a si a los trabajadores invitados se les debe pagar la tasa salarial prevaleciente en un estado en particular o lo que se conoce como "tasa salarial económica adversa", que puede ser, aunque no siempre es, superior a la tasa prevaleciente.  De hecho, en ocasiones la tasa salarial prevaleciente es más alta que la tasa salarial adversa.  Los miembros del personal dicen que los grupos defensores de los hispánicos y los sindicatos obreros se oponen con mucha fuerza a cualquier tasa salarial que signifique menos retribución para sus trabajadores.

Los congresistas estadounidenses que quieren cambiar el sistema actual de trabajadores invitados señalan un estudio de la Oficina de Contaduría General de Estados Unidos, que encontró que el programa es "completamente ineficaz" como medio de obtener mano de obra temporal y de temporada.  El senador Larry Craig, republicano por Idaho, que presentó el 10 de julio en el Senado legislación referente a los trabajadores invitados, dijo que actualmente a los productores se les requiere pasar por un "proceso largo e incierto" para probar que no hay en el país bastantes trabajadores disponibles para cubrir empleos.  Su legislación, afirmó, proveería un proceso modernizado de contratación de trabajadores invitados con visas H-2A.

El senador texano Phil Gramm dijo que su plan permitiría a los participantes adultos aceptar empleos temporales en Estados Unidos durante periodos de hasta un año, luego de lo cual se les requeriría que regresaran a México.

Pero Phil Martin, profesor de recursos agrícolas y económicos en la Universidad de California, dijo que la expresión "trabajadores temporales" representa una contradicción en sus propios términos, y que esa gente no regresará a su país cuando les llegue el momento de tener que hacerlo.  En su opinión, "no hay nada más permanente que los trabajadores temporales.  Inevitablemente, los trabajadores temporales se convierten en residentes permanentes" en Estados Unidos.